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viernes, 23 de noviembre de 2018 - La violencia de género condena a sus víctimas a la exclusión social
25 de noviembre. Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
Ser víctima de violencia machista no sólo supone convertirse en el blanco de un agresor que atenta contra tu integridad física, psicológica o emocional, incluso hasta el punto de poder acabar con tu vida o la de tus hijos. Significa, si sobrevives, que te roban la seguridad personal, la autoestima, la libertad y hasta el empleo, sometiéndote a la absoluta exclusión social. Cuando una víctima de violencia de género denuncia o busca apoyo, la sociedad suele ofrecer recursos que irremediablemente excluyen, sobreprotegen y, en repetidas ocasiones y a veces sin intención, se aparta a la persona agredida de una vida en la que socialmente estaba “incluida”, a llevarla a otra donde estará “señalada” como “la víctima”. Las denuncias por violencia de género alcanzaron su máximo histórico el pasado año (166.260), un 16%, y han crecido un 29% en los últimos cinco años., según el sexto informe ‘Un empleo contra la violencia’ realizado por la Fundación Adecco. Dicho informe también revela que las Comunidades Autónomas donde se han registrado los mayores aumentos de denuncias han sido: Madrid (25,2%), Murcia (24,4%), Navarra (22,2%) y Aragón (22,1%). No obstante, este dato no siempre representa una buena noticia, dado que un tercio de las mujeres asesinadas por violencia de género la han presentado. El foco no está en la víctima sino en el agresor El foco no está en la víctima sino en el agresor, insisten muchas de las personas expertas que trabajan con mujeres víctimas de violencia machista, como la Asociación Candelita, entidad miembro de la Red Madrileña de lucha contra la pobreza y la exclusión social (EAPN MADRID). Candelita gestiona varios programas destinados a las mujeres en las que han participado alrededor de 600. El 80% de esta población, ha sufrido algún episodio de violencia. Mientras que la víctima está alejada de su entorno, abatida, avergonzada, aterrada, violentada, su agresor está en la calle, con la vida que siempre ha tenido…¿Por qué? La sociedad no ha cambiado el foco y de ahí que en muchas ocasiones la violencia de género condene a sus víctimas a la exclusión social. Por eso, desde Candelita insisten en la importancia de cambiar el foco, de la sensibilización, para no “revictimizar” a las mujeres y contribuir a su recuperación e inserción social. La mirada debe girar hacia quien ha cometido el daño, el agresor, y no hacia la víctima.
Empleo e inserción El pasado septiembre, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) —el antiguo INEM— recogía un total de 2.723 contratos de interinidad para sustituir a trabajadoras que se apartan de su empleo por culpa de la violencia de género. La cifra es casi el doble que en 2013, cuando se contaron 1.554. Estos datos que hablan de la exclusión laboral, los publicó esta semana la Central Sindical Independiente y de funcionarios (CSIF). No obstante, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género está avanzando más en esa protección: ya se ha puesto en marcha la acreditación de víctima con el informe de servicios sociales (sin denuncia, ni sentencia) y deben aplicarse otras medidas, como el teletrabajo, que permita a la mujer no desvincularse de su puesto garantizándole la retribución. Un paso más contra la violencia machista Con la aprobación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género que modifica la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, la Ley de Bases del Régimen Local y el Código Civil, se ha dado un gran paso para dar respuesta efectiva en relación con la asistencia a las víctimas y a sus hijos menores de edad, reflejando al tiempo, el consenso alcanzado entre las distintas fuerzas políticas para adoptar las medidas necesarias de protección a las víctimas.
Las modificaciones introducidas fortalecen la tutela judicial y el acceso a la justicia y a los recursos de asistencia a las víctimas de violencia de género; amplían los medios de acreditación de las situaciones de violencia de género y atribuyen a los Ayuntamientos competencias en esta materia.
Con respecto a la legislación nacional, la Comunidad de Madrid ha dado un paso más después de que en el verano de este año modificara la Ley 5/2005 Integral contra la Violencia de Género para permitir a las mujeres maltratadas optar a una vivienda de protección pública sin necesidad de que presenten una denuncia previa contra su agresor en el juzgado, como se exigía hasta ahora. Tampoco será necesario que cuenten con una orden de protección o una sentencia condenatoria.
Las víctimas seguirán necesitando un título habilitante, que acredite su condición y que dé lugar al ejercicio de los derechos reconocidos por la ley, pero se amplían las opciones para obtenerlo más allá de los servicios sociales, y se abre la posibilidad de que los informes partan del personal sanitario, educativo, de salud pública, entre otros.
El Convenio de Estambul y otros medidas que mejorar
Desde EAPN Madrid y varias de sus entidades miembro expertas en violencia de género como la Asociación Candelita, alertamos sobre la falta de recursos de apoyo para las víctimas de violencia y la saturación de los servicios que se están prestando. Hay listas de espera para poder atender a la población de mujeres que sufren un grado de alta vulnerabilidad. Hace falta dotar de recursos suficientes para atender a esta población e impartir más formación a toda la red de profesionales que trabaja o atiende a víctimas de violencia de género en el proceso de apoyo y recuperación.
En este mismo sentido, la Plataforma Estambul Sombra, publicó un informe en el que ha dado un suspenso a España en el cumplimiento del Convenio de Estambul entre 2014 y 2018. Begoña San José, una de las portavoces de la organización civil, prioriza entre las demandas “los datos actualizados, segregados y trabajados que nos ayuden a visibilizar la magnitud de las violencias machistas”.
De forma más concreta se refieren a los datos sobre protección social —atención jurídica, psicológica y social de proximidad o los recursos residenciales, por ejemplo—, los más difíciles de encontrar y los menos atendidos por los gobiernos, tanto los autonómicos como el nacional: "Con el portal estadístico la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género dio un enorme salto, Queremos que ese salto vaya más allá de las 44 mujeres asesinadas" en España en lo que va de año, de las cuales cuatro proceden de la Comunidad de Madrid.
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