Propuestas para las candidaturas a las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid 2019
 
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lunes, 15 de abril de 2019 - Propuestas para las candidaturas a las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid 2019

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Una región por la inclusión y la cohesión social
Construir un proyecto de comunidad sobre los pilares de la tolerancia y la participación requiere generar las condiciones para ello. Éstas condiciones sólo podrán darse si se garantiza la ciudadanía plena de todos y todas y, por lo tanto, un proyecto por la inclusión social y la igualdad de oportunidades y de acceso a derechos.

Atender a estas realidades requiere adoptar una política integral por la tolerancia y la inclusión social dando coherencia a una batería de medidas que, por sí solas, no constituyen una política, y mucho menos un proyecto de comunidad.

Desde EAPN Madrid proponemos 10 propuestas de especial relevancia desde la perspectiva de la lucha contra la exclusión social en la Comunidad de Madrid en materia de inclusión laboral, educativa, residencial, sanitaria y de rentas mínimas.
 
Propuestas para la Inclusión Social
 
1. Implementar medidas eficaces para la mejora de la empleabilidad de las personas en situación de exclusión social: ayudas al transporte, certificados de profesionalidad de nivel 1, etc.
 
2. Apoyar acciones innovadoras que favorezcan la capacitación y formación como paso previo a la incorporación laboral de personas en situación de pobreza o exclusión social, tales como programas mixtos de competencias clave que incluyan formación con prácticas no laborales o el reconocimiento de la experiencia profesional mediante acreditación.
 
3. Implementar la contratación pública como un instrumento más de las políticas sociales y de empleo, a través de la obligatoriedad de inclusión de cláusulas sociales y reserva de mercados en todo el proceso de contratación, tanto a nivel autonómico como local, que permite la nueva Ley de Contratos del Sector Público (Ley 9/2017 de 8 de noviembre).
 
4. Implementar medidas para favorecer la inclusión educativa de niños, niñas y jóvenes en riesgo de pobreza y exclusión social, aumentando el presupuesto para la mejora del sistema de becas y ayudas, ampliando el profesorado de apoyo y ampliando los programas de apoyo.

5. Actualizar la legislación y normativa sobre Renta Mínima de Inserción (RMI) para reducir la pobreza y la exclusión social, con un consenso con todos los agentes implicados, suprimiendo el coeficiente reductor por compartir vivienda, flexibilizando los requisitos para demostrar la residencia, y favoreciendo la compatibilidad con otras prestaciones y servicios, así como con la incorporación laboral de las personas perceptoras de RMI.

6. Modificar la Ley de presupuestos de 2019 para dotar con, al menos, 200 millones de euros la partida correspondiente a la RMI. Dicho aumento permitirá incrementar las cuantías de la prestación básica y de los complementos variables aplicando como tope de la prestación RMI la cuantía efectiva del Salario Mínimo Interprofesional para el año en curso, eliminar el procedimiento de fiscalización previa, y ampliar un 20% el presupuesto para financiar proyectos de Integración.

7. Elaborar una Ley de vivienda de la Comunidad de Madrid, que aumente al final de la legislatura hasta un 10% el parque de vivienda pública asequible, y movilice la vivienda vacía.

8. Garantizar el acceso a un alojamiento digno, dentro del marco de políticas de vivienda más inclusivas, diversificando e innovando las respuestas de alojamiento para las personas en situación de exclusión residencial y de mayor desventaja social.

9. Dotar de las medidas legislativas y reglamentarias necesarias para garantizar la universalidad del acceso a la asistencia sanitaria, evitando la discriminación en el acceso a la salud de todas las personas, independientemente de su situación administrativa.

10. Revertir las medidas regresivas adoptadas por la Comunidad de Madrid en los últimos años y que han supuesto una merma en el catálogo de servicios, la dotación de personal sanitario por habitante, equipamiento, número de camas por habitante, etc., para garantizar la protección del derecho a la salud de todas las personas, independientemente de su situación administrativa.