• La respuesta inmediata debe asegurar la protección, la atención humanitaria y el acceso a derechos de todas las personas, con especial atención a la infancia y la adolescencia.
• La Red reclama vías legales y seguras, una política europea de acogida y corresponsabilidad y el pleno cumplimiento de los derechos humanos en todas las actuaciones fronterizas.
Desde la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) expresamos nuestro profundo dolor por el centenar de personas que han perdido la vida al intentar llegar a Ceuta. Esta tragedia se suma a una larga lista de víctimas en la frontera sur europea y vuelve a mostrar las consecuencias de un modelo migratorio basado en la contención, la externalización de las fronteras y la ausencia de vías legales y seguras.
Ante la gravedad de lo ocurrido, es necesaria una investigación independiente, exhaustiva y transparente que permita reconstruir los hechos y determinar las responsabilidades, incluyendo la reacción de formaciones y cargos públicos cuya actuación está muy alejada de los valores democráticos que deben representar.
Las personas en situación de vulnerabilidad no pueden ser utilizadas para alimentar mensajes xenófobos, racistas, islamófobos o aporófobos. Estos discursos aumentan su desprotección, fomentan el rechazo y la exclusión, y dañan la convivencia, al tiempo que desvían la atención de las decisiones públicas y de las causas estructurales que atraviesan los procesos migratorios.
La prioridad inmediata debe ser garantizar la protección, la atención humanitaria y el acceso efectivo a los derechos de todas las personas, con especial atención a niños, niñas y adolescentes. Deben respetarse el derecho de asilo, el principio de no devolución y la prohibición de las expulsiones colectivas, recogidos en la Convención de Ginebra y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Ceuta no puede afrontar sola una situación de estas dimensiones. El Gobierno central y la Unión Europea deben asumir su responsabilidad, tal y como contempla el Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA), reforzando los servicios públicos y aportando recursos humanos y materiales suficientes para proteger a quienes llegan, con el fin de garantizar el bienestar y la seguridad de toda la población.
Frente a quienes tratan de presentar la diversidad como una fuente de división, Ceuta es ejemplo de una experiencia cotidiana de convivencia. En estos días, su ciudadanía y las organizaciones sociales han vuelto a demostrar capacidad de respuesta, solidaridad y compromiso, incluso ante la saturación de los recursos. Este patrimonio humano debe protegerse y reforzarse, no ponerse en riesgo mediante discursos que buscan el enfrentamiento social y la criminalización de las personas en situación más vulnerable.
Por último, es importante recordar que los procesos migratorios se desarrollan en un contexto internacional marcado por profundas desigualdades económicas, conflictos y una crisis climática, entre otros factores, que empujan a millones de personas a migrar.
La Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce el derecho de toda persona a salir de cualquier país, solicitar asilo y acceder a protección, garantizando que nadie pierda sus derechos por iniciar un proceso migratorio.
La reciente renovación del compromiso de la Comisión Europea con el Pilar Europeo de Derechos Sociales incorpora mecanismos de solidaridad y corresponsabilidad para evitar que los territorios situados en las fronteras afronten en solitario situaciones extraordinarias como la vivida en Ceuta.
En este sentido, la Unión Europea debe orientar sus políticas migratorias y de asilo en base a la igualdad y los derechos humanos, sin dejar fuera a las personas por su origen o su situación administrativa. A su vez, debe demostrar que la solidaridad constituye una obligación, haciendo efectivos los mecanismos de corresponsabilidad y situando siempre la dignidad humana en el centro.
