- La pobreza y la exclusión social afectan a 12,6 millones de personas en España: la
tasa AROPE se mantiene en el 25,7 %, lo que evidencia el estancamiento de los
avances en la reducción de la pobreza. - La infancia, las familias monoparentales, las personas con discapacidad y la
población migrante continúan soportando los mayores niveles de vulnerabilidad. - La vivienda y las insuficiencias del sistema de protección social siguen actuando
como factores estructurales que dificultan la reducción de la pobreza y el
cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030.
3 de junio de 2026. La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el
Estado español (EAPN-ES) ha presentado hoy, en el Congreso de los Diputados, el XVI
Informe ‘El Estado de la Pobreza en España’, la principal herramienta de análisis y
seguimiento de los indicadores de pobreza, exclusión social y desigualdad en España.
El estudio, elaborado a partir de los datos de la última Encuesta de Condiciones de Vida,
muestra una realidad preocupante: pese al crecimiento económico y a la mejora de los
datos de empleo, la pobreza sigue instalada en niveles muy elevados. Las políticas públicas
han demostrado que funcionan para contener la pobreza, pero los datos apuntan a que
las herramientas actuales han alcanzado un límite y ya no están consiguiendo nuevas
reducciones significativas.
La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE) no ha bajado del 25% en más de
una década y se situó en 2025 en el 25,7 %. Es decir,12,6 millones de personas en España,
continúan viviendo en una situación de vulnerabilidad económica o social. La estabilidad
del indicador se explica por la evolución también estable de sus tres componentes: la tasa
de pobreza (19,5%), la carencia material y social severa (8,1%) y la baja intensidad en el
empleo (8%).
La tasa de pobreza se sitúa en el 19,5 %, el valor más bajo de la serie histórica, pero todavía
afecta a 9,6 millones de personas que viven con ingresos por debajo del umbral de
pobreza. Por su parte, la carencia material y social severa se mantiene prácticamente
estable en el 8,1 %, cerca de 4 millones de personas que no pueden permitirse al menos
siete de los trece bienes, servicios o actividades básicas que mide este indicador.
España continúa, además, lejos de los objetivos comprometidos en la Agenda 2030. La
tasa AROPE debería haberse reducido hasta el 19,1 % en 2025, pero permanece en el 25,7
%. Esto significa que alrededor de 3,2 millones de personas más tendrían que haber salido
de la pobreza o la exclusión social para que el país estuviera en la senda prevista.
LA POBREZA NO DISMINUYE, PERO SE HACE MENOS INTENSA
Aunque la extensión de la pobreza apenas cambia, el informe sí muestra una ligera mejora
en su intensidad. La pobreza severa afecta al 8,0 % de la población, 0,4 puntos menos que el año anterior.
Sin embargo, la cifra sigue siendo inaceptable: 3,9 millones de personas
viven en pobreza severa, con ingresos inferiores a 680 euros al mes. Dos de cada cinco
personas en pobreza en España se encuentran en esta situación.
Como novedad, el informe profundiza en como la acumulación de factores de
vulnerabilidad intensifica la pobreza.
La pobreza severa se dispara cuando interseccionan diferentes factores de desigualdad estructural, de esta forma, vemos que afecta al 22,3 %
de las personas que viven en hogares monoparentales, al 15,1 % de quienes viven de
alquiler a precio de mercado y al 21,7 % de las personas extracomunitarias. La situación es
especialmente grave cuando se acumulan estos factores: más de la mitad de las personas
extracomunitarias que viven en hogares monoparentales, el 53,4 %, se encuentra en
pobreza severa.
LA VIVIENDA SE CONSOLIDA COMO UNO DE LOS PRINCIPALES MOTORES DE POBREZA
Los datos evidencian una estrecha relación entre el régimen de vivienda y el riesgo de
pobreza, por ello el XVI Informe amplía este año el análisis sobre esta temática. En 2025, el
43,6% de las personas que viven de alquiler a precio de mercado está en riesgo de pobreza
o exclusión social, frente al 19,5% de quienes viven en propiedad. La tasa de pobreza entre
quienes alquilan a precio de mercado alcanza el 32,6 %, más del doble que entre quienes
tienen vivienda en propiedad, donde se sitúa en el 14,5 %. La pobreza severa también casi
se triplica entre quienes viven de alquiler a precio de mercado: afecta al 15,1 %, frente al
5,4 % de quienes viven en propiedad.
La desigualdad en el acceso a la vivienda está estrechamente vinculada con la
desigualdad de riqueza. En España, el patrimonio se concentra de forma muy intensa en
los hogares con más recursos: el 10 % más rico concentra más de la mitad de la riqueza,
mientras que la mitad de los hogares con menos riqueza apenas dispone de una pequeña
parte del total. En este contexto, la vivienda funciona como un factor de reproducción de
la desigualdad: quienes cuentan con patrimonio tienen más protección frente al mercado,
mientras que quienes no lo tienen quedan más expuestos al alquiler y a sus precios
crecientes. La escasez de vivienda social agrava esta situación: España cuenta con un
parque de vivienda social de apenas el 3,3 %, muy por debajo del 9 % de media europea,
lo que deja a los hogares con menos recursos atrapados en un mercado privado cada vez
más inaccesible.
El coste de la vivienda absorbe una parte creciente de los ingresos de los hogares y limita
su capacidad para cubrir otras necesidades básicas. De media, las personas en situación
de pobreza destinan el 34,2 % de sus ingresos a gastos relacionados con la vivienda,
porcentaje que supera el 50 % entre quienes viven de alquiler a precio de mercado.
Asimismo, la mitad de las personas en pobreza severa soportan una sobrecarga
económica en vivienda, al destinar más del 40 % de sus ingresos a este gasto.
La crisis energética ha convertido este gasto en una sobrecarga en el gasto de vivienda.
La pobreza energética, agrava esta situación. El 15,9 % de la población no puede
mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante el invierno. Estas dificultades
afectan con especial intensidad a personas en desempleo, hogares en alquiler, población
extracomunitaria, jóvenes y hogares con menores. Además, las familias con menos
recursos afrontan mayores obstáculos para mejorar la eficiencia energética y conseguir
confort térmico en sus viviendas: el 41,5 % de personas en pobreza necesitan acometer
mejoras en el aislamiento térmico o en el sistema de calefacción y no las han realizado.
El informe también visibiliza el sinhogarismo oculto y la vivienda insegura. El 7,1 % de la
población de 16 años o más ha vivido alguna situación de sinhogarismo a lo largo de su
vida, lo que equivale a 2,9 millones de personas.
LA POBREZA GOLPEA CON MÁS FUERZA A LA INFANCIA, LA POBLACIÓN MIGRANTE Y LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Los datos del informe confirman que la pobreza se concentra con especial intensidad en
quienes afrontan más barreras estructurales. Uno de cada tres niños, niñas y adolescentes,
el 33,8 %, está en riesgo de pobreza o exclusión social, cerca de 2,7 millones; la tasa de
pobreza infantil alcanza el 28,4 % y la pobreza severa afecta al 12,5 %, frente al 8,0 % del
conjunto de la población. EAPN-ES subraya que la pobreza infantil es una causa de la
pobreza familiar. De hecho, los hogares con hijos, hijas y adolescentes presentan mayores
niveles de vulnerabilidad, con una tasa de riesgo de pobreza o exclusión social del 29,9 %,
y la situación se agrava especialmente cuando la crianza recae sobre una sola persona
adulta. En los hogares monoparentales, una de cada dos personas está en riesgo de
pobreza o exclusión social, más de cuatro de cada diez están en pobreza y el 22,3 % vive
en pobreza severa.
La población migrante, especialmente la extracomunitaria, también presenta niveles muy
elevados de pobreza y exclusión: el 53,5 % está en riesgo de pobreza o exclusión social.
Esta realidad no se explica por la migración, sino por barreras estructurales como la
discriminación, la precariedad laboral, las dificultades de acceso a la vivienda y los
obstáculos para acceder efectivamente a derechos. En este sentido, EAPN-ES valora
positivamente el avance de la regularización extraordinaria de personas migrantes como
una medida de ampliación de derechos y lucha contra la pobreza, y pide que su
aplicación se realice con garantías para evitar nuevas exclusiones.
Además, las personas con discapacidad siguen en clara desventaja: el 32,2 % está en
AROPE, el 21,5 % en pobreza y el 13,5 % en carencia material y social severa, lo que
evidencia la necesidad de apoyos suficientes para vivir con autonomía e igualdad.
EL ESTADO DE BIENESTAR CONTIENE LA DESIGUALDAD, PERO SE NECESITAN NUEVAS
HERRAMIENTAS PARA ROMPER EL SUELO DE LA POBREZA.
El informe pone de manifiesto el papel fundamental que desempeñan las transferencias
sociales en la protección de millones de personas frente a la pobreza. En 2025, el conjunto
de prestaciones y transferencias públicas evitó que cerca de 11 millones de personas
cayeran en situación de pobreza, de las cuales 8,1 millones se beneficiaron de las
pensiones de jubilación y supervivencia y otros 2,9 millones gracias al resto de prestaciones
sociales.
Sin embargo, el informe también advierte de que el Estado de bienestar español presenta
importantes márgenes de mejora. Aunque cada vez más personas acceden a
prestaciones de garantía de rentas, la comparación europea muestra los límites del modelo español de protección social. Antes de aplicar transferencias, España parte de niveles de pobreza similares a los de Francia o Irlanda; sin embargo, después de la
intervención pública, Irlanda reduce la pobreza hasta el 13,0 %, Francia hasta el 16,3 % y
España solo hasta el 19,5 %. Esta menor eficacia es especialmente preocupante en
infancia: España sigue siendo el país de la Unión Europea con mayor tasa de pobreza
infantil. Las políticas públicas protegen, pero no alcanzan para revertir una situación
estructural, por lo que EAPN-ES reclama que la Estrategia Europea contra la Pobreza se
traduzca en financiación suficiente, compromisos concretos y políticas más ambiciosas.
EAPN-ES advierte, además, de los riesgos de no consolidar medidas heredadas del escudo
social, como la protección frente a desahucios, las garantías frente a la pobreza
energética, los descuentos del bono social eléctrico o la contención de los precios del
alquiler. También alerta de la cobertura insuficiente de las ayudas a familias y vivienda y
de la reducción, en algunos territorios, de las rentas mínimas autonómicas tras la
implantación del IMV. Por ello, pide una garantía de rentas para todo el ciclo vital, mejoras
en el IMV y su coordinación con las rentas autonómicas, y una protección universal a la
infancia.
PUEDES VER LA GRABACIÓN DE LA RUEDA DE PRENSA, A CONTINUACIÓN:
