• EAPN-ES pide evitar desahucios sin alternativa habitacional, contener temporalmente los precios del alquiler y reforzar la estabilidad de los contratos.
• En 2025, las personas en pobreza que viven de alquiler a precio de mercado destinan de media el 51,4 % de sus ingresos a la vivienda.
• La Red reclama que las medidas urgentes vayan acompañadas de un plan para hacer frente a la situación estructural de la vivienda.
Ante la intención del Gobierno de llevar este martes, 29 de septiembre, al Consejo de Ministros un nuevo Real Decreto-ley en materia de vivienda, EAPN-ES reclama que esta oportunidad legislativa se traduzca en una protección efectiva para las personas y familias que afrontan mayores dificultades para acceder y mantenerse en una vivienda. El texto continúa en negociación y el Ejecutivo ha señalado que incluirá, entre otras cuestiones, medidas frente a los desahucios y para mejorar la estabilidad de los contratos de alquiler.
La vivienda se ha consolidado como uno de los principales factores de empobrecimiento en España. Según el XVI Informe El Estado de la Pobreza 2026, 12,6 millones de personas, el 25,7 % de la población, están en riesgo de pobreza o exclusión social.
La presión de la vivienda es especialmente intensa entre quienes tienen menos recursos. En 2025, el 29,1 % de las personas en pobreza vive de alquiler a precio de mercado, prácticamente el doble que entre el resto de la población, donde lo hace el 14,5 %. De cada 1.000 euros que ingresa un hogar en pobreza, una media de 342 euros se destina a gastos de vivienda y, entre quienes viven de alquiler a precio de mercado, el esfuerzo alcanza de media el 51,4 % de sus ingresos. Además, la mitad de las personas en pobreza severa soporta un gasto elevado en vivienda, superior al 40 % de su renta.
UNA CRISIS DE ASEQUIBILIDAD QUE EXIGE TRABAJAR SOBRE LA TASA DE SOBREESFUERZO
El deterioro de la asequibilidad no puede explicarse únicamente por la situación económica de los hogares. Desde 2014, el precio medio del alquiler ha aumentado un 43,8 %, mientras que las rentas reales por persona lo han hecho un 20,3 %, menos de la mitad. En 2025, el gasto medio mensual del alquiler a precio de mercado alcanzó el máximo de la serie histórica analizada por EAPN-ES.
Las consecuencias son especialmente graves para las personas con menos ingresos: el 56 % de las personas en pobreza que viven de alquiler a precio de mercado dedica más del 40 % de sus ingresos a la vivienda, y los retrasos en el pago del alquiler o de la hipoteca afectan al 20,9 % de las personas en pobreza, frente al 7,7 % entre quienes están por encima del umbral.
Para EAPN-ES, estos datos justifican que el nuevo Real Decreto-ley incorpore mecanismos temporales de contención de los precios del alquiler, que permitan frenar el crecimiento del sobreesfuerzo residencial mientras se desarrolla una hoja de ruta de mayor alcance para recuperar la asequibilidad.
PROTEGER EL HOGAR Y GARANTIZAR ESTABILIDAD RESIDENCIAL
Junto a lo anterior, EAPN-ES considera prioritario reforzar la protección frente a los desahucios de personas y familias vulnerables cuando no exista una alternativa habitacional adecuada. La respuesta pública debe producirse antes de que la pérdida de ingresos o una situación sobrevenida de vulnerabilidad termine provocando la pérdida del hogar.
Las medidas extraordinarias desplegadas en los últimos años han mostrado la utilidad de estos mecanismos de protección, sin embargo, para EAPN-ES, un problema estructural no puede depender indefinidamente de sucesivas soluciones excepcionales.
La Red reclama también ampliar el marco de la vulnerabilidad y mejorar la estabilidad temporal de los contratos de alquiler, incorporando mecanismos más eficaces de protección frente a la expulsión residencial y evitando que determinados procesos de transformación urbana, incluida la rehabilitación energética, deriven en fenómenos de gentrificación verde que terminen desplazando a la población con menos recursos. La incertidumbre ante la finalización del contrato, unida al encarecimiento de las nuevas rentas, puede generar procesos continuos de desplazamiento de los barrios y territorios donde las personas han construido sus redes familiares, sociales, educativas, laborales y de cuidados.
LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA ES CONVERTIR LOS COMPROMISOS EN DERECHOS EFECTIVOS
La vivienda es una condición indispensable para el ejercicio de otros derechos y un elemento central de cualquier estrategia de lucha contra la pobreza y la exclusión social.
España ha asumido obligaciones nacionales e internacionales en materia de vivienda adecuada y compromisos explícitos de reducción de la pobreza. Sin embargo persiste una importante distancia entre el reconocimiento formal de estos derechos y las condiciones de vida de una parte de la población.
La aprobación del Real Decreto-ley por el Gobierno y su posterior debate en el Congreso sitúan a los poderes públicos ante una responsabilidad política clara con la ciudadanía que se encuentra en las situaciones de mayor vulnerabilidad. Los compromisos asumidos deben traducirse en políticas capaces de evitar que una persona pierda su hogar por no disponer de recursos suficientes y de impedir que el precio de la vivienda siga absorbiendo una parte inasumible de los ingresos familiares.
Garantizar el derecho a la vivienda significa garantizar no solo que las personas puedan acceder a un hogar, sino también que puedan permanecer en él.
EAPN-ES mantiene su disposición a aportar la experiencia de sus entidades, conocimiento y propuestas en el desarrollo de las políticas públicas necesarias para avanzar hacia un modelo de vivienda más asequible, estable y protector para las personas en situación de vulnerabilidad.
