La entidad traslada su solidaridad a esta vecina de Retiro de 87 años y reclama revisar las brechas normativas y reforzar la prevención para actuar antes de que se produzca la pérdida de la vivienda.
Madrid, 24 de septiembre de 2026. – La Plataforma del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid traslada su solidaridad y cercanía a Maricarmen, vecina del barrio de Retiro de 87 años, que ayer salió en ambulancia de la vivienda en la que ha residido desde 1956. Setenta y un años de vida, de barrio y de vínculos que no pueden reducirse a un expediente.
Maricarmen, con una discapacidad reconocida del 50 %, vivía en la casa con un contrato de renta antigua suscrito por su familia hace siete décadas. Tras un largo procedimiento judicial que concluyó dando la razón a la propiedad, el lanzamiento se ejecutó al cuarto intento. Las administraciones autonómica y municipal han informado de que pusieron a su disposición distintos recursos residenciales.
Desde la Plataforma respetamos las resoluciones judiciales y no cuestionamos la actuación de quienes han intervenido. Precisamente por eso, este caso evidencia que el problema no está en cómo se ha aplicado la norma, sino en lo que la norma no contempla. Hoy no existen mecanismos suficientes para proteger a una persona mayor, con discapacidad y con siete décadas de arraigo, cuando está a punto de perder su hogar. Si la ley se cumple y el resultado es que una mujer de 87 años pierde la casa de toda su vida, lo que debe revisarse es la protección que esa ley ofrece.
Maricarmen no ha perdido solo una vivienda: ha perdido el hogar de toda una vida, su entorno y su red de apoyo. Por ello, una alternativa habitacional no puede medirse únicamente por la existencia de un recurso disponible, sino por su adecuación a la trayectoria, los vínculos y la voluntad de cada persona.
Por todo ello, instamos a las administraciones competentes a:
- Revisar la normativa aplicable a los contratos de renta antigua, para que la edad avanzada, la discapacidad y el arraigo prolongado se valoren antes de extinguir la protección.
- Activar la intervención preventiva desde el inicio del procedimiento judicial, y no en la víspera del lanzamiento, con coordinación efectiva entre juzgados, servicios sociales y vivienda.
- Reforzar la mediación con capacidad real para alcanzar acuerdos cuando están en juego personas en situación de especial vulnerabilidad.
- Garantizar alternativas adecuadas y centradas en la persona, que prioricen la permanencia en su entorno siempre que sea posible.
La Plataforma pone a disposición de las administraciones la experiencia de las entidades sociales que acompañan cada día a personas en riesgo de exclusión residencial. Lo ocurrido a Maricarmen no debe quedarse en un titular: debe servir para actuar antes, proteger mejor y garantizar que no vuelva a pasar.
