El acceso a la vivienda es uno de los principales factores de desigualdad y exclusión social en la Comunidad de Madrid. Según el XVI Informe «El Estado de la Pobreza 2026. Comunidad de Madrid», elaborado por EAPN-ES, el 9,9 % de la población madrileña destina más del 40 % de sus ingresos a los gastos de vivienda, frente al 7,2 % de media estatal. Entre las personas en situación de pobreza, el esfuerzo es aún mayor: destinan el 49 % de sus ingresos a estos gastos.
En este contexto, EAPN Madrid celebró el pasado lunes 26 de octubre la jornada Realidades actuales en materia de vivienda y sinhogarismo en la Comunidad de Madrid, una iniciativa del Grupo de Trabajo de Alojamiento y Vivienda para conocer, a partir de datos, la situación del alquiler, el chabolismo y la infravivienda en la Comunidad de Madrid.
La jornada respondió también a una preocupación compartida por las entidades sociales, que detectan situaciones de precariedad residencial cada vez más complejas, personas que quedan fuera de los recursos disponibles por los requisitos de acceso y perfiles que hasta hace poco no se identificaban en estos contextos. Sin embargo, ante la ausencia de datos oficiales y de una recogida sistemática de información, resulta difícil dimensionar adecuadamente esta realidad.
El encuentro, celebrado en el Espacio Luz Vallekas, reunió a profesionales de entidades sociales y contó con las intervenciones de Víctor Rodríguez Pelarda, coordinador técnico de Análisis Social del Área de Transformación e Innovación de Cáritas Madrid; Rocío García García, directora autonómica de la Fundación Secretariado Gitano en Madrid; y Pedro Uceda Navas, profesor ayudante doctor de la Universidad Complutense de Madrid y codirector del grupo de investigación GISMAT.
La vivienda, una barrera para la inclusión social
Según Víctor Rodríguez, la vivienda se ha convertido en el principal factor de exclusión social en la Comunidad de Madrid y es clave para entender la caída en situaciones de exclusión y los obstáculos para lograr la inclusión social.
Según los datos del informe FOESSA 2024 de Cáritas Madrid, el 23 % de la población de la Comunidad de Madrid está afectada por problemas de vivienda y el 81 % de las personas en situación de exclusión social sufre problemas de exclusión residencial. El aumento de los precios, el crecimiento del número de hogares por encima del de viviendas disponibles y el reducido peso del parque de alquiler social plantean importantes retos para garantizar el acceso a una vivienda digna.
En este sentido, Rodríguez Pelarda aseguró que «no basta con construir más viviendas necesitamos alquiler asequible y protección social» para evitar que las personas con menos ingresos queden excluidas del mercado residencial o se vean desplazadas hacia alojamientos precarios y zonas más alejadas.
Chabolismo e infravivienda: una vulneración de derechos
La intervención de Rocío García García, de la Fundación Secretariado Gitano, puso el foco en la exclusión residencial que sufren las personas que viven en asentamientos chabolistas. La falta de saneamiento, agua corriente y condiciones adecuadas de habitabilidad evidencia la vulneración de derechos básicos que supone vivir en estos entornos.
A esta realidad se suma la discriminación estructural que afronta la población gitana, que puede agravar las dificultades para acceder a una vivienda y a otros derechos fundamentales. Por ello, la erradicación del chabolismo requiere algo más que el desmantelamiento de los asentamientos: «exige garantizar una alternativa habitacional digna, inclusión social y protección frente a la discriminación»,
Nuevas formas de precariedad residencial
Por su parte, Pedro Uceda Navas, de la Universidad Complutense de Madrid, abordó las nuevas formas de infravivienda y los cambios en los perfiles de las personas que sufren precariedad residencial.
El chabolismo, los bloques degradados y el alquiler de espacios que no reúnen condiciones adecuadas de habitabilidad son algunas de las realidades que deben tenerse en cuenta para comprender la dimensión actual de la exclusión residencial. La precariedad en la vivienda trasciende el propio alojamiento: condiciona el acceso a la salud, la educación y el empleo, además de dificultar la autonomía personal y el desarrollo de un proyecto de vida estable.
Ante esta situación, resulta necesario ampliar el parque público y asequible, abordar las condiciones del alquiler por habitaciones y actuar frente a las situaciones de infravivienda.
La necesidad de conocer mejor la realidad residencial
Por ello, mejorar el conocimiento sobre el alquiler, el sinhogarismo y la infravivienda es fundamental para identificar las necesidades existentes y orientar las respuestas públicas. La información y el análisis compartido entre entidades, administraciones y otros agentes son herramientas necesarias para avanzar hacia políticas de vivienda que garanticen los derechos y eviten que la precariedad residencial siga alimentando la pobreza y la exclusión social.
